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Título: LA INFLUENCIA DE LAS VÍCTIMAS EN EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA VIOLENCIA COLECTIVA

Investigador Principal: Alicia Gil Gil

Organismo: INSTITUTO UNIVERSITARIO GUTIÉRREZ MELLADO

Financiación: Ministerio de economía y competitividad, Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) Orientada a los Retos de la Sociedad, convocatoria de 2013.

Número de referencia: DER2013-43760-R

Fecha de inicio: 01/01/2014

Fecha de finalización: 31/12/2016

Investigadores miembros:

Victoria García del Blanco; Mariano Melendo Pardos; María Gutiérrez Rodríguez; Íñigo Ortíz de Urbina; Elena Maculan; Marina Carlota Sanz-Díez de Ulzurrun Lluch; Gema Varona Martínez.

Equipo de trabajo:

Daniel Roberto Pastor; Javier Chinchón Álvarez; Alejandro David Aponte Cardona; Alejo Vargas Velásquez; Jorge Ezequiel Malarino; Antonio Bustillos López; José Núñez Fernández; Pablo Daniel Eiroa; Sonia Alda Mejías. 

Resumen:

El proyecto de investigación que se propone pretende dar respuesta a los múltiples dilemas jurídicos, políticos y sociales que plantea el surgimiento, principalmente por vía jurisprudencial y a nivel internacional, en los últimos veinte años, de un cuerpo de derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y el establecimiento paralelo de obligaciones del Estado que incluyen la adopción de determinadas políticas públicas.

Todos los mecanismos jurídicos elegidos para abordar los fenómenos de violencia colectiva deben ser sometidos a un triple análisis científico en los ámbitos psicológico, sociológico y jurídico, para comprobar que producen en la víctima concreta el efecto reparador que se les atribuye, y no, en cambio, efectos distintos o incluso contrarios; que promueven en el cuerpo social al que van dirigidos los efectos de reconciliación, reconstrucción del tejido social y superación del pasado conflictivo; y que contribuyen a la construcción del Estado democrático basado en el respeto de los derechos humanos. Este último aspecto, con frecuencia obviado en otro tipo de aproximaciones al tema, resulta fundamental. Todo sistema de Justicia de transición debería ser pensado como el resultado de una ponderación entre los múltiples intereses individuales y colectivos en juego. Y no deben perderse de vista las consecuencias que un determinado mecanismo tendrá para el ordenamiento jurídico en su conjunto y para el modelo de Estado.

Se prestará especial atención a las reclamaciones de justicia, en el sentido de exigencia de un castigo penal por los crímenes cometidos, pues es el aspecto probablemente más relevante y novedoso en el desarrollo de los derechos de las víctimas en el ámbito de los derechos humanos y de la justicia de transición, y a la vez la pretensión que puede suponer el mayor obstáculo para la finalización pactada de un conflicto vivo y plantear las mayores disfunciones en la construcción del nuevo Estado de Derecho. Conviene destacar que el recurso a los tribunales penales como mecanismos de Justicia de transición, potenciado desde los tribunales internacionales, está planteando innumerables dilemas. Por un lado porque los derechos de la víctima entran en competencia con los derechos y garantías del acusado, contenido tradicional del Derecho penal, y abrir la puerta a un Derecho penal del enemigo para hacer frente a aberrantes crímenes supondría dar entrada a excepciones a derechos fundamentales cuya fuerza expansiva incontrolable pone en riesgo al propio Estado de Derecho. Por otra parte, esta evolución parece conducirnos a una redefinición de los fines de la pena y del Derecho penal (cuando no existe todavía convincente fundamentación teórica, ni comprobación empírica, de la posibilidad de los nuevos fines asignados).

Por ello este proyecto pretende aportar a los estudios sobre  violencia colectiva la combinación del análisis sociológico, jurídico, y psicológico y la atención simultánea de los diversos intereses en juego, así como a la abundante normativa y jurisprudencia internacional desarrollada en los últimos años (muchas veces desde enfoques parciales) y las diferentes experiencias históricas. Se pretende verificar si las herramientas recetadas desde tribunales u organismos.